Código de contratación pública

Código de contratación pública, ISBN: 978-84-8355-813-3

Desde la última  edición del «Código de contratación pública» han pasado prácticamente cinco años en los que hemos asistido a distintas reformas parciales de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas muchas de ellas a impulso de sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. También hemos asistido a un largo proceso de elaboración de un texto de trasposición de las nuevas Directivas sobre la Contratación Pública, esencialmente, de la Directiva 2004/18/CE. Tras un debate sobre la mejor opción, el legislador se ha decantado no por reformar el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sino por aprobar una ley nueva que ha sido la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Se trata de una ley extensa formada por 309 artículos, 33 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, una derogatoria y 12 finales, junto con tres anexos. La nueva Ley de Contratos del Sector Público es algo más que una ley extensa, es una ley compleja porque el legislador ha optado por una ley que no se limita a trasponer la Directiva, sino que también reforma globalmente la contratación pública introduciendo «… modificaciones en diversos ámbitos de esta legislación, en respuesta a las peticiones formuladas desde múltiples instancias (administrativas, académicas, sociales y empresariales) de introducir diversas mejoras en la misma y dar solución a ciertos problemas que la experiencia aplicativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha ido poniendo de relieve» (Exposición de Motivos, I). Esa comentada opción del legislador ha determinado que la ley se separe de la arquitectura adoptada por la legislación de contratos públicos desde la Ley 13/1995, de 18 de mayo que se fundó en una estructura bipolar construida alrededor de una parte general compuesta por normas de aplicación a todos los contratos y otra parte especial que recogía las especialidades de cada uno de los contratos típicos; sistemática que arrancaba de la originaria Ley de Contratos del Estado de 1964 y que al legislador actual no le parece «… la más adecuada para dar soporte a una
norma con el alcance que se pretende para la Ley de Contratos del Sector Público» (Exposición de Motivos, III).
La ley explica su modelo de estructuración que toma en consideración, como criterio primordial, las materias reguladas (Título Preliminar y Libros I, IV y V), o bloques homogéneos de actuación (Libros II y III). Dentro de esos niveles generales de estructuración, se establecen otras divisiones desagregando esos mismos criterios o introduciendo una nueva pauta basada en el alcance de las normas según su ámbito objetivo de aplicación; además, de utilizar en los Libros II y III, otro criterio adicional por razón de los distintos destinatarios de las disposiciones dentro del sector público (Exposición de Motivos, III). Un modelo complejo que, desde una inicial sencillez, se va complicando hasta agrupar prácticamente todos los criterios subjetivos, objetivos, generales y especiales, y que no va a estar exento de problemas en orden a determinar con precisión el grupo normativo de aplicación a un contratante o a un contrato.

# Colección: Códigos Básicos (Aranzadi)
# Marca: Aranzadi
# Autor/es: Juan José Torres-Fernández Nieto, Javier Medina Guijarro
# Edición: (Octubre de 2008) | Páginas: 1188
# Encuadernación: Rústica
# ISBN: 978-84-8355-813-3

Asesor Fiscal, edición 2009

Asesor Fiscal Aranzadi, ISBN: 978-84-8355-964-2

La edición de 2009 de «Asesor Fiscal» incorpora todas las novedades en materia tributaria reguladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 así como en otras normas, de tal forma que el texto recogido contiene una visión actualizada de esta normativa para el ejercicio 2009. Entre otras normas que afectan al ordenamiento tributario destacan por su importancia la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el IVA, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, el RD 1804/2008, de 3 de noviembre, desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, se modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y el RD 1975/2008, de 28 de noviembre, de medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda.

# Colección: Asesor
# Autor/es: José Javier Galán Ruiz,Pablo Chico de la Cámara, Gerardo Menéndez García, Miguel Pérez de Ayala
# Edición: 3ª (Marzo de 2009) | Páginas: 480
# Encuadernación: Rústica
# ISBN: 978-84-8355-964-2

Democracia, Jueces y Control de la Administración

Jueces y control de la Administración

Los actos políticos o de Gobierno, como un supuesto límite de la jurisdicción contencioso-administrativa, han quedado erradicados de nuestro Derecho y con ello dicha jurisdicción ha ganado definitivamente su universalidad (incluso, hay que decirlo, respecto de los actos internacionales o de relación entre poderes constitucionales -estos últimos, con la reserva de la competencia del Tribunal Constitucional-, los cuales pasan a ser, ahora actos dotados de una muy amplia discrecionalidad que los hará difícilmente controlables en cuanto a su fondo). Es un paso significativo y capital. Quizás no haya sido extraño a este resultado la polémica en que este libro ha entrado resueltamente, a lo largo de sus varias ediciones.

# Colección: Estudios y Comentarios
# Autor/es: Eduardo García de Enterría
# Edición: 6ª (Febrero de 2009) | Páginas: 346
# Encuadernación: Tapa Dura
# ISBN: 978-84-470-3190-0

Daños Causados por Productos Defectuosos

Daños Causados por Productos Defectuosos, Régimen de Responsabilidad en la LGDCU

En el presente libro se efectúa precisamente un minucioso análisis comparativo de la primitiva Ley con el nuevo articulado resultante de su refundición; estudio de semejanzas y diferencias, con sus respectivas ventajas e inconvenientes, que es abordado a la luz de la notable experiencia judicial en la aplicación de la normativa hoy derogada y tomando en especial consideración las decisiones del TJCE sobre la interpretación de la Directiva 85/374/CEE en la que hunde sus raíces nuestro sistema de responsabilidad por el producto, así como los Informes que periódicamente ha ido emitiendo en torno a la misma la Comisión Europea. La obra, sumamente actual y de evidente oportunidad, constituye, pues, un instrumento de gran utilidad para todo jurista, teórico o práctico, que busque una exposición clara y detallada del vigente marco jurídico español de los daños causados por productos defectuosos y tenga interés en conocer los futuros derroteros por los que previsiblemente discurra a escala comunitaria este régimen de responsabilidad civil.

    * Colección: Técnica
    * Autor/es: Pilar Gutiérrez Santiago
    * Edición: (Febrero de 2009) | Páginas: 468
    * Encuadernación: Tapa Dura
    * ISBN: 978-84-8355-956-7

Código de Legislación Inmobiliaria, Hipotecaria y del Registro Mercantil

Código de Legislación Inmobiliaria, Hipotecaria y del Registro Mercantil, ISBN: 978-84-470-3170-2

Este Código permite obtener la respuesta más adecuada a cada situación que se planteen los profesionales que se dedican a la legislación inmobiliaria, hipotecaria y crediticia. Se divide en doce libros, incluyendo cada uno de ellos varios textos legales o reglamentarios. El Libro Primero incluye la Legislación Hipotecaria Básica, es decir la Ley y el Reglamento Hipotecario y la Ley de Enjuiciamiento Civil, junto a otras materias registrales, pues la materia procesal tiene estrecha relación con la Legislación Hipotecaria, conteniendo numerosos preceptos de carácter registral, razón por la cual dicha LEC se ha incluido íntegramente con las correspondientes notas de comentario. El Libro Segundo trata fundamentalmente del Reglamento de Registro Mercantil, con notas de jurisprudencia, coordinación y comentario con las Leyes de Sociedades y demás relacionadas con esa materia, comprendiendo también la Normativa del Registro de Bienes Muebles, con inclusión de la Ley de Venta a Plazos y otras materias como las relativas a las Condiciones Generales de la Contratación. El Libro Tercero tiene una especial importancia dentro de este Código por la importancia de los diferentes textos que incluye, fundamentalmente los de la Legislación Urbanística, de Viviendas Protegidas, Propiedad Horizontal, Arrendamientos Urbanos, Ordenación de la Edificación, Aprovechamiento por Turno, en coordinación con la Legislación Hipotecaria. El Libro Cuarto comprende la Legislación sobre la Propiedad Rústica o Agraria, en la que destaca la Normativa sobre Concentración Parcelaria, la Legislación de Explotaciones Agrarias, Arrendamientos Rústicos y Montes, incluyendo en todas esas materias no sólo la Legislación estatal sino también la propia de las Comunidades Autónomas, que es bastante abundante. El Libro Quinto incluye la normativa propia de las Titularidades de los Entes Públicos sobre los Bienes y los documentos y expedientes tramitados por los mismos, como son los de Expropiación Forzosa, Enajenaciones, Costas, etc., que destacan por la relación que existe en la práctica entre el Derecho Administrativo y la Legislación Inmobiliaria. El Libro Sexto comprende materias de gran actualidad, como son las referidas a la hipoteca, completando la regulación de la hipoteca con carácter general en el Libro Primero, a través de la exposición de la Legislación de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, Hipoteca de Buques, Normativa del Mercado Hipotecario y Legislación sobre Subrogación, Novación y Ampliación de Hipoteca.

Presentación del libro “Derecho de la Energía: Dictámenes de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Industria. Comentarios”

Derecho de la energía, Dictámenes de la abogacía del estado

La Sra. Subsecretaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Dña. Amparo Fernández González, presentó el lunes 2 de marzo en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el libro «Derecho de la Energía: Dictámenes de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Industria. Comentarios», obra de D. Eduardo Soler Tappa, Abogado del Estado-Jefe  en el Ministerio (Área de Energía).

Un acto en el que intervinieron, además del propio autor, D. Pedro Luis Marín Uribe, Secretario General de Energía, D. Joaquín de Fuentes Bardají, Abogado General del Estado y D. Manuel García Cobaleda, Director del Servicio Jurídico de Gas Natural, y al que acudieron numerosas y destacadas personalidades del mundo empresarial y del Derecho.

En sus discursos, todas las autoridades destacaron la novedad de la obra, y la importancia de la misma, que se erige ya como un manual imprescindible para el derecho de la energía al sistematizar, con comentarios y legislación relacionada, el cualificado criterio de la Abogacía del Estado en el Departamento interpretando las normas jurídicas en el campo de la energía.

En particular, la estructura de la obra permite la consulta íntegra de los Dictámenes evacuados por la Abogacía del Estado en el Ministerio, diferenciando dos principales ámbitos: sector eléctrico y sector de los hidrocarburos, abordando también la planificación energética y la energía nuclear.

# Colección: Estudios y Comentarios
# Editorial: Civitas
# Autor/es: Eduardo Soler Tappa, Joaquín De Fuentes Bardají (prologuista)
# Edición: (Noviembre de 2008) | Páginas: 822
# Encuadernación: Tapa Dura
# ISBN: 978-84-470-3142-9

Los magistrados del primer constitucionalismo

Los Magistrados del primer constitucionalismo

Una de las finalidades que se persigue en este trabajo es averiguar qué magistrados de esta segunda etapa liberal prestaron servicios en el último sexenio en los órganos colegiados de la administración de Justicia (Consejos, Chancillerías y Audiencias) y quienes de ellos eran liberales y cuales realistas. Como se demuestra en él, más de los dos tercios de los «nuevos» magistrados son herencia del sistema absolutista. Así mismo, me ha parecido conveniente recoger en el anexo final, entre otros apartados, la relación nominal de los ministros de las Audiencias y las ternas -consultas o propuestas- del Consejo de Estado.

A lo largo del trabajo se incorporan biografías tanto de pretendientes a puestos de magistratura -unos pocos de ellos logran ingresar en la carrera judicial- como de magistrados que han prestado servicios en el sexenio absolutista y que ahora continúan al servicio de la administración de justicia. Quiero acabar expresando que la elaboración de la temática, inédita hasta ahora, de este trabajo, de la que apenas existe constancia bibliográfica, ha sido posible gracias al manejo de las fuentes documentales custodiadas en los Archivos siguientes: Histórico Nacional, General de Palacio, General de Simancas y del Congreso de los Diputados.

• Editorial: Aranzadi

• Autor/es:  Ricardo Gómez Rivero

• Edición:  (Febrero de 2009) | Páginas: 252

• Encuadernación: Rústica

• ISBN: 978-84-9767-661-8

Régimen disciplinario de los funcionarios de carrera

Régimen Disciplinario de los Funcionarios de Carrera, 2ª edición

El catalogo editorial jurídico se ve enriquecido por esta segunda edición del  Régimen disciplinario de los funcionarios de carrera, una aportación en una materia que ha merecido la atención de la buena doctrina ( Joan Trayter, Mercedes Lafuente) pero no había sido con posterioridad suficientemente desarrollada para dar respuesta a la problemática que diariamente plantea la relación funcionarial.

En esta ocasión, Lorenzo de Membiela, analiza el Régimen Disciplinario de los Funcionarios de carrera, en lo que supone un gran reto personal por varios motivos, entre ellos, la problemática que genera esta materia.

Esta 2ª edición incorpora las previsiones que la Ley 7/2007, EBEP y Resolución de la Secretaria General para la Administración Pública de 5 de junio de 2007 operan en el régimen disciplinario de los empleados públicos, aunque pervive con el régimen anterior en una compleja simbiosis no exenta de problemas interpretativos de calado.
Como novedades, se analiza la incorporación de principios del procedimiento disciplinario: Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor, Principio de proporcionalidad, Principio de culpabilidad, Principio de presunción de inocencia. Además de los ya recogidos en la jurisprudencia.

Cabe distinguir en esta obra dos grandes bloques de investigación:

El primero, Capítulos I al VI, exponiendo la Teoría general de la Potestad disciplinaria.

En éstos se analiza la extensión y límites de la potestad administrativa , su relación con los derechos fundamentales , la incidencia de los principios penales de los arts. 24 y 25.2º CE en garantía del imputado pero también como manifestación de la interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3º CE . (Capitulo I).

Significativo es el análisis sobre la dignidad del funcionario como ciudadano, apartándose del concepto ,creemos que superado , del empleado sometido, subordinado, a una relación especial limitadora de derechos . El derecho al honor del art. 18CE y el derecho al cargo del art. 23.2º son cuestiones que se tratan y se estudian. (Capitulo II).

También conoce los aspectos de la organización pública, (Capitulo III) , sus potestades , así como el perfil que resulta de los derechos de los funcionarios y los derechos y principios de la Administración Pública ( eficiencia y eficacia, potestad organizativa, principio de legalidad, objetividad e imparcialidad por los Servicios Administrativos ). El problema de las Instrucciones y Ordenes de Servicio, que aún reguladas en la Ley 30/1992, presentan serias dudas de eficacia jurídica dada la LOFAGE y la Ley del Gobierno de 1997.

Llama la atención la investigación de instituciones hasta ahora nada tratadas o escasamente tratadas, como es la teoría de la insignificancia jurídica ( Objetivada por Roxin y la jurisprudencia brasileña que lo aplica al ámbito de la Administración) o el principio De minimis non curat praetor (ponderación del nulo riesgo de la acción tipificada) , verdaderas herramientas interpretativas en la aplicación o no del ejercicio del derecho disciplinario que conecta, y así hay que decirlo, con el principio de proporcionalidad , arts. 24 y 25 CE ( Capitulo IV).

La antijuridicidad y sus causas excluyentes ( Capitulo V) ,la culpabilidad (Capitulo VI) y la superación de la barroca prueba de indicios, empleada en ocasiones con cierto animus aliunde. Un detallado y casuístico trabajo sobre los principios de derecho penal de aplicación al procedimiento disciplinario (Capitulo VII).

El segundo bloque, abarca el examen del Procedimiento disciplinario, Capítulos VIII a XIII.

Expone las faltas del régimen disciplinario (Capitulo VIII a X), con numerosa jurisprudencia, TS y TC , y sentencias de los TSJ así como Dictámenes de la Comisión Superior de Personal, que siempre es útil para las Administraciones Públicas como herramienta referencial ante la casuística de la gestión diaria.

Las sanciones , su tipología y la prescripción, así como la prohibición de la interpretación in malam partem del art. 4.2º CC que evita la aplicación del concepto de « falta continuada» (Capitulo XI) , verdadera elucubración doctrinal que rompe el principio de seguridad jurídica del art. 9.3º CE.

El procedimiento administrativo disciplinario (Capitulo XII ) mostrando problemas usuales y algunos peculiares , especialmente llamativos.

La ejecución de las sanciones (Capitulo XIII), tanto la definitiva como la provisional es otra de las peculiaridades de este procedimiento administrativo a veces con ángulos difícilmente visibles.

En general, es una obra amplia, trabajada, completa, con un exhaustivo aparato referencial , doctrinal, jurisdiccional y administrativo que persigue dar respuestas a los problemas que genera esta potestad disciplinaria.

Esta obra consituye la tercera entrega del «Manual Practico de la Función Pública», serie que integran también «Permisos, licencias y situaciones Administrativas de los Funcionarios Públicos» Y «Acceso y Provisión de Puestos de Trabajo en la Administración».

Utility Industry Regulation Treaty

Utility Industry Regulation Treaty

The Utility Industry Regulation Treaty is the culmination of an ambitious project developed by a group of lawyers and economists, professors and prestigious proffesionals in the Utility Industry. The book, published by Iberdrola and Thomson Aranzadi, is presented by Ignacio S.Galán, and co-directed by Fernando Becker, Luis María Cazorla, Julián Martínez Simancas y José Manuel Sala. Due to its complete and systematic analysis of the big issues affecting the industry’s regulation, the book will become a necessary read for everyone interested in this industry.
The analysis comes in two parts, legal and economic, as the utility regulation in itself. Under these two scientific approaches -and considering the new phase opened by the EU requirements-, the treaty goes through subjects that are essential for the utility sector such as the electricity production market, the renewable energy regulation, the regulator’s role, the good regulation principles, competition within the industry, the tariff deficit, commercialization or supply quality.
These and other issues are not only laid out in a descriptive way, but also with constructive arguments under which lay proposals that, without doubt, merit attention.

Accidentes de circulación: Responsabilidad Civil y Seguro

Accidentes de circulación: Responsabilidad Civil y Seguro

Cuantos desde los distintos sectores de la práctica forense nos dedicamos al ámbito de la responsabilidad automovilística y sus campos anexos (seguro obligatorio y valoración del daño) tenemos hartos motivos para lamentar la escasa atención que la doctrina académica presta a estos temas, menospreciando no sólo su trascendencia económica sino las profundas complejidades jurídicas que puede llegar a presentar un «simple» accidente de circulación.

Sobran dedos en las manos para contar los estudiosos de la materia de procedencia estrictamente universitaria, y el número se reduce aún más si prescindimos de contribuciones ocasionales, coyunturales o de escaso calado, que en ocasiones se dirían motivadas, más que por una verdadera preocupación dogmática, por mero divertimento o afán polémico, por (legítimo) interés crematístico o por necesidad de engrosar el catálogo de publicaciones de un currículo universitario. La escuela del análisis económico del Derecho, que podría considerarse la única excepción en este yermo doctrinal, nos resulta en general de escasa utilidad para llenar ese vacío, pues la peculiaridad de su enfoque hace que sus trabajos sean por lo general de difícil comprensión -y aceptación- para un jurista práctico y de menor aplicabilidad en su trabajo diario.

La anterior requisitoria no es desde luego predicable de Luis Fernando Reglero Campos, acaso por razones biográficas -su trayectoria profesional no es precisamente la de un catedrático al uso-, que él mismo no tiene óbice en explicitar a quienes tengan la curiosidad de consultar su página web personal.

El hoy catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha dedicó ya su tesis doctoral, en 1988, precisamente a «La responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor» y no se contentó, como es tan habitual, con extraer de ella una monografía (publicada en 1990) y unos cuantos artículos, para pasar luego a otras líneas de investigación según soplaran los vientos de las modas o intereses académicos; sino que ha venido haciendo objeto continuado de su atención la responsabilidad civil automovilística, el seguro que la cubre y la valoración de los daños resarcibles en decenas de publicaciones -unas de orientación más académica y otras dirigidas a un público más amplio-, en multitud de conferencias e, incluso, en la dirección de tesis doctorales de sus discípulos. Y ello siempre, quizá por los orígenes profesionales antes aludidos, con la difícil virtud de aunar el rigor doctrinal que exige un académico con la proyección práctica que necesitamos quienes hemos de dar soluciones reales a casos reales.

Con esos antecedentes, los juristas prácticos -y quiero creer que también los académicos- no podemos sino congratularnos de la última, extensa y aún reciente monografía del Profesor Reglero, Accidentes de Circulación, Responsabilidad Civil y Seguro, que constituye casi un tratado en la materia (mil páginas sin desperdicio), adaptado ya al nuevo Texto Refundido de la impronunciable LRCSCVM, aprobado por R.D.Leg. 8/2004, de 29 de octubre.

Comenzando por una detallada exposición de las cinco Directivas europeas en materia de seguro del automóvil (la última aún no promulgada en la fecha de cierre de la edición), el volumen aborda brevemente el ámbito de aplicación de la LRCSCVM y profundiza a continuación en el sistema de responsabilidad que la misma establece, sin temor de sumergirse a fondo en cuestiones espinosas para la teoría y la práctica, como los problemas de la relación de causalidad o la relevancia de la contribución de la víctima al resultado.

Nada menos que ciento setenta páginas del volumen se dedican al detenido análisis del sistema legal de valoración de daños personales; lo que, salvo culpable olvido por mi parte, supone la más extensa contribución realizada desde el ámbito universitario a una materia tan injustamente preterida. Que quien esto escribe no siempre comparta las soluciones concretas del autor a los numerosos problemas que suscita el mal llamado «baremo del automóvil» no las hace menos valiosas y dignas de reflexión.

Cerca de una tercera parte del volumen se dedica al seguro de automóviles, con la particularidad de incluir el frecuentemente olvidado seguro obligatorio de viajeros, y con un detallado examen de la naturaleza y funciones del Consorcio de Compensación de Seguros.

Otro mérito poco habitual del libro del profesor Reglero es aunar, sin merma de calidad, el enfoque sustantivo de la responsabilidad automovilística con su proyección procesal, con especial atención a la problemática del cauce específico que constituye el juicio ejecutivo del automóvil, y sin olvidar las cuestiones de máximo interés práctico que suscita la prescripción de la acción de resarcimiento, viejo objeto de la atención del autor, a la que se dedica un capítulo propio.

El último apartado del volumen se consagra a otra de las spécialités maison de su autor, la particularidad de los accidentes con elemento extranjero; abordando las cuestiones de jurisdicción competente y ley aplicable y desarrollando el funcionamiento de las Oficinas Nacionales de Seguro y de los Convenios Interbureaux («carta verde», Convenio Multilateral de Garantía, etcétera), una materia que cada día es más necesario manejar y que, al menos al autor de esta reseña, siempre le ha resultado particularmente opaca e inextricable, por lo que es aún más de agradecer su tratamiento.

Es de reseñar que en todo el tratado -se me escapó ya calificarlo así- abundan por centenares las citas y referencias a sentencias de las Audiencias Provinciales, eso que antaño se denominó impropiamente «pequeña jurisprudencia» y que, con independencia de su calidad media -cuestión que no debe ser abordada aquí ni por mí-, constituye, como señala la famosa cita del Juez Holmes, el verdadero Derecho vigente al que han de enfrentarse -en no pocas ocasiones para intentar torcerlo- partes y abogados en estas materias que rara vez acceden al Tribunal Supremo. Éste es un rasgo más, y no de los menores, que muestra el afán del autor por conjugar las construcciones dogmáticas con la realidad forense.

El volumen se cierra con una bibliografía no exhaustiva, pero sí amplia, actualizada y representativa, y se acompaña, en una muestra más del interés por aunar teoría y práctica, de un CD-ROM con un total de 52 formularios procesales directamente utilizables, que pueden sacar de un apuro a más de un abogado despistado o amenazado por la inexorable preclusión de los plazos procesales.

José Manuel De Paúl Velasco
Magistrado.
Audiencia Provincial de Sevilla